Se envió al Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública en materia financiera, fiscal, administrativa, previsional tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020.
Lo primero a reflexionar críticamente es el despropósito conceptual y extendido del proyecto a lo largo de 85 artículos y 54 páginas. En este sentido, no puede haber solidaridad cuando es impuesta de modo coercitivo y queda a decisión del Poder Ejecutivo qué variable modificar afectándose los recursos económicos y financieros del país, y el patrimonio de los ciudadanos argentinos sin previsibilidad alguna.
Segundo, la pretendida solidaridad social también es un hecho de inflación en la redacción legislativa. En todo caso, será sectorial, segmentada, de como bien dicen, los que más tienen respecto de los que menos tienen, pero siempre estaremos hablando de personas y empresas que verán afectadas sus administraciones para la distribución hacia otro sector y otro individuo. Lo social es aire, es un concepto ambiguo que nada dice, como la gente que a nada refiere, nada sitúa, nada de esto nos indica claramente de quién hablamos.
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Tercero, la Reactivación Productiva es una enunciación noventista, menemista, que nos vuelve a poner en cabeza del Estado el impulso y protección de la actividad productiva. Como bien expresó Alberto Fernández en su discurso en SMATA, si la globalización nos lleva a desindustrializarnos, está equivocada. Error garrafal de quienes creen, como el presidente, que pueden parar procesos globales a golpes de leyes para que la realidad se muestre como nosotros queremos que sea y no como transcurre. Peor para la globalización dirán algunos, otros bien recordarán, que la arrogancia fatal de Hayek nunca será un alarma ante los egos de la formula presidencial en estas latitudes.
Y en cuarto lugar, la emergencia gracias a dios tiene un plazo como las dictaduras romanas pero con una diferencia. Al terminar su mandato excepcional, el dictador renunciaba. En este caso no renuncia, tiene posibilidad de extenderla si tiene mayoría y acuerdo con los gobernadores por tres años más y hasta la reelección si así fuere. Claramente, la dictadura romana nos quedó chica y la estamos reescribiendo y ampliando.
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En términos sintéticos, el proyecto, como decálogo de intenciones busca asumir el imperio de las competencias para la disposición a congelar los aumentos en el gas y la electricidad y una reestructuración tarifaria por 180 días. También busca fortalecer el régimen redistributivo previsional, un aumento de salarios, no transfiere a los entes de luz y a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, otorga poderes para que la AFIP administre un nuevo impuesto llamado PAIS por un plazo de cinco años (Art. 35), además de gravar compra de moneda extranjera y consumos vía plataformas o servicios en el exterior, exceptuando el sector educativo y la investigación. Un punto importante es la moratoria para las PyMEs con un plan de cuotas que incluye una quita en las multas e intereses.
Además, entre las medidas ya previamente anunciadas, se envían las medidas sobre las retenciones al agro cambiándose los topes para soja (de 30 a 33%) quedando en el límite anterior a la Resolución 125/2008, que no pasó del 35% (que con posterioridad para ratificarla Cristina Kirchner envió al Congreso Nacional la Ley de Retenciones y Creación del Fondo de Redistribución Social, notése la similitud con la actual denominación de Ley), y para el maíz y el trigo (de 12 a 15%) y, sin sonrojarse, en materia de jubilaciones, el cambio de la fórmula actual en 180 días que muy probablemente subirá la mínima pero volverá a achatar la escala. Todo esto puede, en función de su aprobación legislativa, y cómo lo administre el ejecutivo, bordear lo inconstitucional.
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Así, estamos ante la mejor demostración de una ingeniería claramente kirchnerista, en su anhelo y sueño de controlar y tener a su disposición la posibilidad de reestructurar áreas de la administración central y descentralizada (Art. 85) y la libertad de contratación por fuera de los límites de las leyes de control en materia presupuestaria; y de compras y contrataciones con la posibilidad de recaudar en fondo y forma a su piacere. Esto es Cri-stalinismo puro.
Por si hacía falta, Martín Guzmán, el Ministro de Economía en su alocución expresó que: "la atención de estas realidades constituye un imperativo ético. Desterrar el hambre en la Argentina, reducir la desigualdad y volver a crecer, son el nuevo imperativo ético de nuestra época y la base para edificar una democracia sólida y sostenible en nuestro país que coadyuve también a recorrer un camino de fortalecimiento institucional y democrático en la región”. Raro que un ministro de economía hable de ética cuando las variables y su modelo económico ataca directamente el régimen de valores constitucionales y el ámbito de libre disponibilidad, resguardo y protección de la propiedad privada de las personas quienes son las únicas respecto de los cuales se puede pensar la ética. Salvo que el ministro esté confesando su colectivismo y le adjudique una ética.
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Entonces, para que la extendida emergencia no se lleve puesto al régimen constitucional y a los controles intrapoderes correspondería por imperativo ético sumar un articulo 86 que atempere el Cri-stalinismo que se avecina. En este artículo, debería expresarse claramente que los ministros y el presidente rendirán cuentas ante el Congreso de la Nación, después del 31 de diciembre del 2020, de cómo hicieron los gastos presupuestarios conforme al set de emergencia solicitado dando cuenta de sus efectivos resultados positivos, en lo esperable, en pos de que no quede lugar a dudas de que seguimos siendo una República.
De más está decir que no se necesitan estos 85 artículos para sacar al país adelante
